El redespliegue de personal policial y militar para hacer frente a la pandemia de la covid-19 les ha brindado a los taladores ilegales amplias oportunidades para operar sin restricciones en la Amazonia peruana. Ahora, en un intento por reactivar una economía maltrecha por los confinamientos, las autoridades peruanas pretenden aumentar el uso de los recursos de la Amazonía a través de la solicitud de exenciones que podrían aumentar la presión sobre la selva. La colusión entre los funcionarios y los implicados en actividades ilegales amenaza la aplicación efectiva de las iniciativas de silvicultura sostenible en las que participa la población indígena.

Puntos clave

• Las intervenciones destinadas a vigilar y denunciar los delitos ambientales (como la tala ilegal y el tráfico de especies protegidas) se ven debilitadas por las deficiencias del Estado peruano.
• Las comunidades afectadas por el acaparamiento de tierras se enfrentan a grandes dificultades a la hora de presentar denuncias frente a autoridades como la policía, la fiscalía general, la defensoría del pueblo o las autoridades forestales. La denuncia se ha vuelto aún más difícil durante la pandemia de la covid-19.
• Durante la pandemia, las actividades ilegales han continuado con muchas menos restricciones. Los confinamientos, así como la redistribución de los recursos públicos para responder a la pandemia, han contribuido a ello.
• Estas dinámicas de la era covid revelan la estrecha relación entre una débil presencia estatal en la Amazonia, la deforestación y la tala ilegal.
• La colusión entre los funcionarios locales y regionales y los autores de actos ilegales está socavando la aplicación efectiva de las iniciativas de silvicultura sostenible en las que participa la población indígena.

El reto de aplicar una gestión forestal sostenible

El refuerzo de la gobernanza ha sido el núcleo del reciente apoyo de parte de donantes extranjeros, como USAID, al sector forestal de Perú. Se han llevado a cabo actividades de supervisión en alianza con las comunidades indígenas para reducir la tala ilegal y el uso no autorizado de las tierras forestales, por ejemplo a través de la Gestión Forestal Comunitaria (GFC).

Las iniciativas de GFC pretenden reforzar el poder de decisión de las comunidades mediante la participación y el reparto equitativo de los beneficios a lo largo de toda la cadena de valor de la madera. Sin embargo, aunque los actores internacionales, incluida USAID, han dado prioridad a la GFC durante más de 30 años en Perú, poco más del 10 % de las comunidades indígenas de la Amazonia participan en actividades de gestión forestal.

La escasa presencia del Estado en la Amazonia, así como los retrasos en los esfuerzos de titulación de tierras, habían sido los principales obstáculos para lograr un sector forestal más sostenible antes de la pandemia de la covid-19. Ahora, la respuesta del Estado peruano a la covid está creando, de manera perversa, nuevos e importantes retos para la gestión forestal sostenible.

La pandemia de la covid-19 pone en evidencia las deficiencias del Estado

La experiencia de Perú con la covid ha sido excepcionalmente sombría. Según datos oficiales recientes, más del 0,5 % de la población del país ha muerto a causa del coronavirus. Esto sitúa a Perú entre los países más afectados por la pandemia, a pesar de las primeras medidas adoptadas por el gobierno. Por ejemplo, Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en restringir los derechos civiles para frenar la propagación de la covid-19. El 15 de marzo de 2020, con 28 casos confirmados y ninguna muerte, el gobierno declaró el estado de emergencia. Cerró las fronteras, ordenó un bloqueo general, prohibió los viajes internos y cerró las escuelas, las universidades, las iglesias y todos los negocios no esenciales. Aunque se han levantado algunas de las restricciones, en septiembre de 2021 seguía habiendo toques de queda y las escuelas seguían cerradas.

Para hacer cumplir los confinamientos, se redistribuyó el personal policial y militar en todo el país. Esto ha tenido un efecto perverso en las actividades ilegales en la Amazonia peruana, ya que algunas patrullas de la policía forestal se redujeron por los redespliegues. La explotación ilegal de la Amazonia ha aumentado durante los confinamientos, lo que se refleja en el incremento de la deforestación. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en 2020 se perdieron 203 272 ha. de bosque. Esto representa un 37 % más de pérdida de bosque que la reportada en 2019. La deforestación se ha concentrado a lo largo de diez frentes, cinco de ellos en Ucayali y uno en una zona compartida por Ucayali y Huánuco. Este último frente ha sido el epicentro de ataques violentos contra líderes indígenas activos en la protección de su territorio. Este hecho demuestra la estrecha relación entre la deforestación de la Amazonía y la violencia contra los indígenas en Perú.

El 29 de junio de 2021, Mario Marcos López Huanca, dirigente asháninka de Pasco y secretario de la organización indígena que coadministra la Reserva Comunal El Sira, entre Ucayali y Pasco (EcoSira), recibió un disparo en la cabeza. Tras cuatro días de agonía, murió en Ucayali, donde fue trasladado para ser atendido tras el ataque. La zona está acechada por el narcotráfico y la tala ilegal. Es el séptimo defensor ambiental asesinado en Perú desde que comenzó la pandemia. Los grupos indígenas afirman que estos asesinatos son una consecuencia directa de sus intentos de obtener títulos de propiedad y proteger sus territorios, pero poco se ha hecho para llevar a los autores ante la justicia o para proteger a las comunidades indígenas.

Una débil respuesta estatal antes de la pandemia

La incapacidad del Estado para proteger a los líderes indígenas plantea dudas sobre la capacidad y el interés de los funcionarios para aplicar medidas de protección de la Amazonía o de sus habitantes y guardianes. Históricamente, la Amazonía peruana y su población indígena han sido descuidadas por el Estado. La presencia del Estado en la zona es débil, lo que se demuestra, por ejemplo, en la falta de servicios públicos esenciales. Aunque las comunidades amazónicas viven cerca de la mayor cuenca hidrográfica de Perú, algo más del 60 % de ellas no tienen acceso a un servicio de acueducto o un pozo de agua.

La escasa presencia del Estado también queda ejemplificada por la ausencia de oficinas públicas cerca de las comunidades rurales de la Amazonia, lo que crea importantes obstáculos burocráticos para los registros de tierras comunitarias. Los programas que promueven la preservación de los bosques y la explotación sostenible de la Amazonia exigen que las comunidades presenten sus títulos de propiedad con límites actualizados y documentos que demuestren que han sido registrados y reconocidos por las autoridades. Esto es difícil de hacer cuando las oficinas públicas pertinentes están tan lejos de las comunidades a las que deben servir. Más aún, la Defensoría del Pueblo ha demostrado que las mismas autoridades de una misma región del país tardan mucho más en tramitar los títulos de propiedad comunitarios que los individuales. Esto revela una clara falta de prioridad en la formalización de los derechos de las tierras comunitarias.

Además, algunos funcionarios públicos han estado directamente involucrados en el tráfico de tierras. Un ejemplo es el caso de Cocha Anía en Ucayali. Según la fiscalía, en 2015, los funcionarios de Ucayali adjudicaron a varios particulares 128 terrenos (aproximadamente 3600 ha.) del territorio reclamado por la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Además, en junio de 2021, las autoridades regionales de Huánuco crearon el pueblo de Alianza Santa Martha. Para las organizaciones indígenas, este pueblo se encuentra dentro del territorio titulado de una comunidad indígena.

Los retrasos en los trámites de titulación de tierras comunitarias y el acaparamiento de tierras indígenas por parte de las autoridades locales y regionales son percibidos por las comunidades indígenas como una forma de “corrupción”. Esta corrupción está alimentando un conflicto entre las comunidades indígenas y los “colonos”, algunos de los cuales están vinculados a actividades ilícitas como los cultivos y la tala ilegales. Estas actividades contribuyen a la constante inseguridad a la que se enfrenta la población indígena de la Amazonia peruana. Además, crean importantes obstáculos para la realización de intervenciones destinadas a promover la silvicultura sostenible en la región.

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Este blog es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de la autora y no refleja necesariamente la opinión de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.