Se requiere ayuda oficial al desarrollo para contrarrestar la crisis y se debe proteger de la corrupción
El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19, podrían haber surgido como resultado de la corrupción (como explica la OMS, SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es la enfermedad que causa).
El brote en curso afecta simultáneamente a países desarrollados y en desarrollo. Tras el inicio de una crisis de este tipo, es tentador restarle prioridad a la mitigación y gestión de los riesgos de corrupción y dejar de respetar las sanciones en contra los perpetradores de actos de corrupción. Sin embargo, algunos líderes verán esta pandemia como una oportunidad para aprovechar la emergencia y abusar de su poder en beneficio privado. En esta circunstancia en particular, es fundamental que no se ignore el tema de la corrupción.
Además, la importancia de continuar y fortalecer la lucha contra la corrupción se enfatiza por el hecho de que la mejor evidencia que tenemos actualmente del origen del SARS-CoV-2 conduce a un mercado en Wuhan, China, que se dedica al comercio ilegal y corrupto de vida silvestre exótica, mediante el cual esta enfermedad zoonótica se transfirió a los humanos.
Los sistemas de salud de los países receptores padecen deficiencias sistémicas crónicas que dificultarán la respuesta a esta crisis y requerirán una inyección eficaz de apoyo financiero y técnico. Es fundamental que las inversiones existentes, así como los fondos adicionales disponibles para abordar la enfermedad, se desplieguen estratégicamente. Los procedimientos anticorrupción y los sistemas de rendición de cuentas garantizarán que la asistencia al desarrollo, desplegada para ayudar a combatir el virus, se utilice correctamente y beneficie a quienes más la necesitan.
El siguiente texto describe las tendencias emergentes de corrupción asociadas con el brote de la enfermedad y sugiere las prioridades que los actores de la cooperación al desarrollo pueden adoptar para minimizar la amenaza que representa la corrupción para una respuesta eficaz a la crisis.
Riesgos y tendencias emergentes de corrupción
A lo largo de marzo de 2020, ya se había presentado una ola de incidentes de corrupción, disminución de la transparencia y la rendición de cuentas, así como propaganda política para la manipulación, alrededor del mundo.
Europa
A la fecha de redacción de este informe, el continente europeo es el epicentro del brote, siendo Italia el país más afectado. Una empresa agrícola ganó un contrato para suministrar al gobierno máscaras faciales. La CIJ informa que la agencia de contratación pública ahora está investigando el caso y la licitación ha sido bloqueada.
En Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, no ha perdido tiempo en asegurar su nombramiento para supervisar la respuesta al brote, en lugar del ministro de Salud o el ministro de Interior. Su gobierno está presionando para extender un estado de emergencia indefinido y asegurar el poder para tomar decisiones críticas sin involucrar al parlamento.
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha indicado públicamente que, debido a la falta de ventiladores disponibles en el mercado europeo, se vio "obligado" a adquirirlos en el mercado gris. Esto suscita sospechas sobre la integridad del procedimiento de contratación. Se cita a Vučić diciendo que "algún día me pueden enjuiciar por proporcionar respiradores a la gente".
En Alemania, se han reportado evidencias de actos de pequeña corrupción, como personas que se hacen pasar por personal de salud que van de puerta en puerta en los barrios de Berlín entregando kits de prueba del SARS-Cov-2.
También se ha informado sobre oligarcas rusos, cuya riqueza a menudo es obtenida a costa de la corrupción, quienes han comprado los pocos ventiladores disponibles, equipando sus hogares con clínicas improvisadas y llegando a acuerdos con médicos para que estén de guardia y así asegurarse de evitar buscar tratamiento en hospitales públicos, responsables de tratar a las víctimas del brote. Los proveedores de ventiladores informaron que los compradores privados constituían hasta el 30% de sus ventas recientes.
En Noruega, se informa que algunos médicos están infringiendo las pautas de la agencia estatal de medicamentos, que ha emitido un racionamiento de medicamentos que pueden ayudar contra el COVID-19, debido a que continúan dando recetas médicas a sus familiares y amigos.
Asia del Sur
En el estado de Tamil Nadu en India, existe la sospecha de que no se informó a las autoridades sobre el número de casos de SARS-CoV-2.En Bangladesh, hay informes de una falla general en la selección adecuada de quienes ingresan al país. El presidente del Partido de los Trabajadores de Bangladesh, Rashed Khan Menon, indicó que esto se debía en parte a la corrupción desenfrenada dentro del Ministerio de Salud, que según él “es más peligrosa que la propagación del coronavirus".
América del Norte
En Estados Unidos, existe la preocupación de que quienes están en posiciones de poder dobleguen lo que queda de las instituciones reguladoras, políticas y legales para su beneficio privado, o que influyan en las decisiones acerca de rescates financieros y paquetes de estímulos económicos para las industrias, ante el llamado de grupos de interés especiales y a expensas del interés público. Esto podría descarrilar gravemente los esfuerzos del país para responder a la crisis.
Se ha descubierto a senadores, representantes y asesores de alto nivel de EE.UU, cometiendo abuso de información privilegiada, vendiendo acciones de compañías de viajes e invirtiendo en empresas de biotecnología durante una época en la que ellos mismos estaban al tanto de la amenaza del virus, pero continuaron tranquilizando al pueblo estadounidense.
Además, se han criticado los paquetes de ayuda propuestos para apuntalar la economía estadounidense que incluyen una mención específica sobre los hoteles, lo que genera preocupaciones sobre si los propios hoteles del presidente se beneficiarán o no de la ayuda.
Medio Oriente y África del Norte
Tan solo unas semanas después del brote, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a los servicios de seguridad interna que rastrearan en secreto los movimientos de los ciudadanos utilizando datos de los teléfonos móviles, incapacitó al parlamento israelí y cerró los tribunales de justicia, que estaban destinados a comenzar el juicio contra él por soborno, fraude y abuso de confianza el 24 de marzo, pero al momento de redacción de este informe, se ha pospuesto hasta mayo. Los críticos afirman que Netanyahu está utilizando el brote para ejercer una toma de poder sin precedentes. Tras las elecciones más recientes de 2020, el líder de la oposición, Benny Gantz, recibió el mandato de formar un gobierno. Netanyahu ahora está instando a Gantz a formar un "gobierno de emergencia", pero bajo su liderazgo.
En Irán, un país también afectado por la pandemia, hay informes de una "red bien conectada" que controla la distribución y los precios de los artículos necesarios para la respuesta del país. Se sospecha que los líderes de esta red están estrechamente vinculados con los que están en el poder.
África
El brote presenta una oportunidad para que los estafadores y empresarios timen a los ciudadanos, a menudo con la complicidad de funcionarios gubernamentales, como lo indican los informes de Uganda. En Camerún y Uganda, también hay relatos de ciudadanos que evadieron la cuarentena sobornando a funcionarios, lo que inevitablemente conducirá a una mayor propagación de la enfermedad.
Finalmente, seis millones de mascarillas ordenadas por Alemania para proteger del coronavirus a los trabajadores de la salud, desaparecieron en un aeropuerto de Kenia. Las investigaciones sobre cómo terminaron las mascarillas en Kenia y cómo desaparecieron aún continúan.
Riesgos de corrupción en el sistema de salud durante los brotes de enfermedades
Existe una serie de tipologías de corrupción que muestran qué tipo de corrupción se produce en circunstancias normales en muchos países de ingresos bajos y medios. Durante un brote, es posible que se le reste prioridad a la atención y la financiación para otras operaciones sanitarias. Esto puede tener varias consecuencias, como:
- contrataciones de emergencia que aumentan los riesgos de corrupción
- robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados gris y negro
- aumento de productos de calidad subestándar y falsificados entrando al mercado.
Adquisición de bienes y servicios para el manejo de enfermedades
La evidencia de las auditorías sobre el gasto de la ayuda internacional durante el brote de Ébola en África occidental de 2013 a 2016, indican que los procedimientos de adquisición fueron ampliamente ignorados. En el caso del SARS-CoV-2, se requerirá una cantidad considerable de fondos para adquirir el equipo y otra infraestructura necesaria para brindar cuidados intensivos. Los países europeos están luchando actualmente por adquirir más ventiladores para hacer frente a la crisis a través de la producción nacional y la subcontratación. El costo de un ventilador estándar es de US $ 25.000 y requieren un mantenimiento frecuente. La escasez y demanda de ventiladores y otros equipos para cuidados intensivos aumentará el riesgo de corrupción en la adquisición de estos bienes.
Opacidad y corrupción en la gobernanza, la contratación y la gestión del personal sanitario
Un liderazgo fuerte y capaz, respaldado por un personal de salud con la experiencia necesaria, es el pilar de una respuesta eficaz a las pandemias. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la corrupción y la falta de transparencia han llevado a la contratación de personas que no pueden implementar protocolos de tratamientos complejos, lo que reduce la capacidad de manejar una crisis. Este tema es pertinente en un momento en el que los sistemas de salud están bajo presión para contratar a tantos trabajadores como les sea posible.
Durante el brote de Ébola, las auditorías sobre los gastos de la cooperación internacional al desarrollo mostraron que los fondos para la salud y los esfuerzos de sensibilización se documentaron de manera fraudulenta. Tampoco se proporcionaron los sueldos de los trabajadores de la salud y los encargados de la distribución pagaron a particulares los fondos destinados a las organizaciones. Solamente de la Cruz Roja, se informó que se perdió el 5% de los desembolsos totales.
Pequeña corrupción a nivel de prestación de servicios
Es probable que las formas de corrupción llevadas a cabo por los trabajadores de la salud, como los pagos informales, las prescripciones excesivas, el favoritismo y el nepotismo, se agraven durante un brote ya que el sistema experimenta una mayor carga de pacientes. Estos tipos de corrupción pueden ser impulsados por salarios bajos y malas condiciones de trabajo, lo que puede contribuir a una mala percepción de los servicios públicos por parte del paciente, afectando el comportamiento de búsqueda de atención médica.
Además, otras formas de corrupción de bajo nivel perpetradas por pacientes también pueden contribuir a una mayor propagación de la enfermedad, como sobornar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley para evitar la cuarentena. Esto ya se informó en Uganda, donde los extranjeros que supuestamente debían ser puestos en cuarentena pudieron evadirla por medios corruptos. En Camerún se han informado incidentes similares de personas "con conexiones" que evadieron la cuarentena. Esto podría tener graves consecuencias para contener la propagación de la enfermedad.
Opacidad en investigación y desarrollo
Existe un llamado mundial para avanzar en la investigación y el desarrollo de diagnósticos y terapias para abordar el brote de SARS-CoV-2 y se están gastando cantidades considerables de fondos públicos en apoyo. Incluso en los mejores momentos, el desarrollo farmacéutico es opaco y caro, por lo que se puede esperar que cuando sea posible, la dinámica de la industria y el mercado se manipule en aras de una mayor ganancia.
La compañía farmacéutica Gilead Sciences, que anteriormente fue criticada por precios excesivos para la cura de la hepatitis C, Sovaldi, recibió la aprobación de la FDA para el medicamento experimental Remdesvir para tratar el COVID-19 y le otorgó el estatus de “medicamento huérfano”. El estatus de medicamento huérfano viene con una serie de incentivos financieros, como exenciones de impuestos, exención de tarifas y exclusividad de mercado. Gilead Sciences ha rescindido desde entonces el estatus de droga huérfana luego de las protestas, pero demuestra que durante este tiempo es crítico:
- garantizar el estricto cumplimiento de los procedimientos reglamentarios en investigación y desarrollo
- escudriñar la toma de decisiones
- poner a disposición del público los resultados de la investigación
- velar por que los precios de los productos finales reflejen la inversión pública realizada y no el interés lucrativo de la empresa
- asegurar la equidad en el acceso para todas las naciones, sin restricciones.
Recomendaciones para los actores de la cooperación al desarrollo
Esta emergencia requiere que la mitigación del riesgo de corrupción se incorpore en el apoyo de los donantes brindado a la respuesta del brote, para evitar mayores daños a las sociedades y que se mantenga en las inversiones existentes. Los donantes deben aprovechar su ayuda e influencia, aprovechando sabiamente la experiencia de crisis pasadas.
Aplicar un enfoque sectorial a la lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción debe seguir siendo una prioridad en tiempos de crisis y en este caso particular del brote de SARS-CoV-2. A pesar de que es cómodo confiar en las políticas y programas anticorrupción tradicionales que se centran principalmente en la gestión financiera para identificar y prevenir la corrupción, los fondos pueden ser desviados y los documentos pueden falsificarse y en este sentido, la respuesta al brote requiere de prisa, no de burocracia. El brote de Ébola demuestra que, ante una epidemia, estos mecanismos son insuficientes. En cambio, los donantes deben priorizar un enfoque sectorial para abordar la corrupción que coloque el logro de resultados de salud como la máxima prioridad e incorpore la lucha contra la corrupción en el diseño de la intervención. Esto significa incluir a expertos en la lucha contra la corrupción en el debate sobre salud pública y trabajar juntos de forma constructiva. Los donantes también deben conocer los riesgos de corrupción a los que se enfrentan y los implementadores deben diseñar las intervenciones en consecuencia. Hay una serie de marcos de evaluación de riesgos que se pueden aplicar, como estos ejemplos del PNUD o la OMS.
Por ejemplo, en el caso de un brote, se requiere de personal dedicado para brindar servicios de salud. Los donantes pueden aprovechar su influencia para garantizar que se designen líderes fuertes y capaces para dirigir las respuestas a nivel de país. A pesar del patrocinio generalizado en el nombramiento de funcionarios públicos, los países en desarrollo como la República Democrática del Congo, Uganda y Nigeria han podido controlar la propagación del Ébola mediante el nombramiento de expertos con fuertes habilidades de liderazgo para encabezar sus planes de respuesta a epidemias. Por lo tanto, una pandemia es una oportunidad para que se dé prioridad a la meritocracia.
Una amenaza importante que debe abordarse con urgencia, es el riesgo común de corrupción de los pagos informales en los establecimientos de salud, que puede conducir a un comportamiento deficiente en la búsqueda de atención médica y a la desconfianza en los proveedores de salud y en el servicio público en general. Para frenar esto, los gobiernos deberían garantizar el pago oportuno de salarios adecuados y considerar incentivos adicionales, como subsidios y bonificaciones por horas extraordinarias. Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel de supervisión utilizando diversas herramientas de rendición de cuentas social para desalentar los pagos informales y otras prácticas corruptas a nivel de prestación de servicios.
Compartir el riesgo y minimizar las cargas de cumplimiento
En un seminario web sobre la respuesta internacional al SARS-CoV-2 llevado a cabo el 19 de marzo de 2020 por The New Humanitarian, Suze van Meegen, Gerente de Defensa del Consejo Noruego para Refugiados, indicó que las crecientes obligaciones de cumplimiento para la gestión financiera y la lucha contra la corrupción impuestas en las organizaciones implementadoras, llevaron a las ONG a asumir la carga del riesgo y restringieron su capacidad para actuar. Estos mecanismos de cumplimiento tradicionales tienen pocas pruebas de éxito, consumen mucho tiempo y son costosos. Se sugirió que los donantes reflexionen sobre sus propias políticas para evitar sofocar la actividad y el logro de resultados.
Canalizar la financiación de forma conjunta y utilizar las redes existentes
Cuando se trata de las mejores prácticas anticorrupción en el sector salud, el Fondo Mundial es reconocido por tener políticas sólidas para la prevención y gestión de la corrupción dentro de las subvenciones, así como la aplicación de sanciones. Actualmente, se están canalizando cantidades cada vez mayores de donantes bilaterales a través del Fondo Mundial, y dicho fondo está considerando otorgar subvenciones para combatir el brote de SARS-CoV-2. Esto presenta una oportunidad para que los donantes se unan para lograr un mayor impacto, utilizando una entidad otorgante de subvenciones confiable con mecanismos anticorrupción sólidos y establecidos. Según lo recomendado por una edición de U4 de 2019, los donantes que canalizan la ayuda a través de fondos de múltiples socios deben apuntar hacia un entendimiento compartido del apetito por el riesgo y el riesgo compartido entre las partes interesadas, es decir, los socios de financiamiento, el administrador / fideicomisario del MPF, los socios de implementación, las autoridades nacionales y los beneficiarios previstos.
En lugar de crear nuevos sistemas para salvaguardar el financiamiento, los donantes deben identificar y reforzar los sistemas existentes que ya cuenten con procedimientos sólidos contra la corrupción. De nuevo, el Fondo Mundial ha establecido un sistema de adquisiciones abierto y transparente que podría utilizarse para adquirir dispositivos médicos y otros suministros necesarios.
Siempre que sea posible, los donantes deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y las comisiones anticorrupción para que desempeñen una función de vigilancia del desembolso de las subvenciones y hagan que las agencias implementadoras rindan cuentas.
Salvaguardar el sistema judicial y desalentar el fraude
En la medida de lo posible, se debe permitir que el sistema de justicia continúe funcionando para hacer cumplir las sanciones y el Estado de derecho en los casos de corrupción, manteniendo así los sistemas de rendición de cuentas durante un estado de emergencia. Las agencias de justicia penal y anticorrupción pertinentes deben emitir fuertes advertencias contra el fraude y la corrupción en las medidas de respuesta a la crisis, y prepararse para iniciar investigaciones contra quienes abusan de sus cargos públicos para beneficiarse de la crisis.
Los países de bajos ingresos tienen un problema importante con las prisiones superpobladas y existe una amenaza real de que las prisiones se conviertan en epicentros de la propagación de la enfermedad. Se ha informado de que en Irán, el gobierno se ha visto obligado a liberar a los prisioneros para frenar la propagación del SARS-CoV-2 en las cárceles. Los presos liberados fueron aquellos que se consideraba que no representaban una amenaza para la sociedad. Los condenados por casos relacionados con la corrupción podrían caer en la categoría de presos de "bajo riesgo a la seguridad". Este es un territorio inexplorado y debe planificarse y gestionarse cuidadosamente para minimizar el socavamiento y la subversión de la justicia.
Apoyar las respuestas de la sociedad civil y las comunidades
Hay lecciones importantes que aprender de la epidemia del VIH / SIDA que se pueden aplicar a la respuesta al SARS-CoV-2. La respuesta al VIH / SIDA se destacó por su énfasis en el papel de la sociedad civil. Los gobiernos trabajaron en estrecha colaboración con las organizaciones comunitarias y alentaron los programas y prácticas locales. Como resultado, la epidemia del VIH / SIDA no tuvo un impacto tan devastador en las sociedades como se había previsto.
Durante un desastre natural en Bosnia-Herzegovina en 2014, se implementaron líneas directas anticorrupción para permitir a los ciudadanos denunciar casos de corrupción. Se podría aplicar un enfoque similar para permitir no solo denunciar casos de corrupción, sino también denunciar la proliferación de información errónea.
En tiempos de crisis, cuando se requieren acciones rápidas, se puede olvidar el importante papel de la sociedad civil en los esfuerzos contra la corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel crucial en los sistemas de salud pública como actores de apoyo en ese espacio o en una función de monitoreo, rendición de cuentas e intercambio de información. Las OSC pueden ayudar a monitorear los resultados de salud y revelar problemas que pudieran experimentar los usuarios finales; pueden respaldar las medidas de seguimiento del presupuesto y monitorear los sistemas de adquisiciones. También pueden proporcionar comentarios cruciales de los usuarios a través de tarjetas de puntuación comunitarias de los servicios de salud sobre problemas como pagos informales, acceso a medicamentos, etc.
Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos
Se debe dar prioridad a las consideraciones de derechos humanos en los esfuerzos por proteger la ayuda humanitaria de la corrupción. Un enfoque integrado de la corrupción y los derechos humanos puede garantizar una respuesta eficaz. Human Rights Watch dice que se debe prestar la debida atención a los principios de derechos humanos como la no discriminación, la transparencia y el respeto por la dignidad humana. Esto garantizará una respuesta eficaz y limitará el daño que puede derivarse de la imposición de medidas demasiado amplias.
Esta es la primera vez que la comunidad internacional se enfrenta a una crisis de salud pública urgente que afecta a todas las naciones y las directrices internacionales para orientar a los Estados miembros de la ONU sobre lo que deben hacer dentro de sus propias fronteras o cómo deben interactuar entre sí, no son del todo conocidas. Como resultado, los países han adoptado diversas respuestas a la crisis, con algunos países implementando restricciones severas a la libertad de movimiento y otros adoptando un enfoque más relajado.
Los Principios de Siracusa de 1984 sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos brindan orientación sobre las respuestas gubernamentales que restringen los derechos humanos por razones de salud pública o emergencia nacional. Sin embargo, estos principios tienen décadas de antigüedad y no está claro si se están cumpliendo o se cumplirán. Es posible que sea necesario volver a revisarlos y actualizarlos para adaptarlos a las realidades del siglo XXI a fin de promover una respuesta más coherente y coordinada que equilibre el interés público y la seguridad con los derechos humanos.
Aplicar una perspectiva de género
Incorporar una perspectiva de género en las medidas anticorrupción es importante para garantizar que los controles introducidos para reducir los riesgos de enfermedad o corrupción no marginen o desfavorezcan aún más a las mujeres y otros grupos vulnerables y marginados. Las pandemias afectan a hombres y mujeres de manera diferente. Las respuestas a las pandemias pasadas (al SARS, el Ébola, etc.) no tomaron en cuenta el género, lo cual tuvo consecuencias desastrosas para las mujeres.
Los riesgos para las mujeres surgen de muchas formas. En primer lugar, la mayoría de las trabajadoras sanitarias son mujeres. En segundo lugar, el aislamiento social aumenta la carga de trabajo en sus hogares debido al importante papel que desempeñan en el cuidado de los niños, la preparación de alimentos y otras tareas del hogar. A esto se suma el hecho de que son responsables de cuidar a los enfermos y a los ancianos, por lo que si los miembros de la familia están infectados, tendrán que intervenir.
Otro peligro real es el desvío de recursos públicos de importantes servicios de salud como la maternidad y la atención obstétrica, la vacunación y otras formas de atención primaria de salud, lo que pone en riesgo la vida de mujeres y niños. En Sierra Leona, durante la crisis del Ébola, se estima que aumentó la mortalidad materna.
Las mujeres también están sobrerrepresentadas en el sector informal y en trabajos temporales, por lo que se verán muy afectadas por la pérdida de puestos de trabajo e ingresos.
El cierre de las escuelas y las obligaciones de aislamiento social ponen a las niñas en los países en desarrollo en riesgo de abandonar la escuela por completo, como también sucedió en Sierra Leona durante el Ébola. Los embarazos en adolescentes aumentaron, al igual que la violencia doméstica. De hecho, se ha informado que la violencia doméstica aumentó en China y está aumentando en otros países que lidian con el distanciamiento social y el aislamiento, ya que las familias se ven obligadas a pasar más tiempo juntas en circunstancias estresantes que pueden desencadenar un comportamiento abusivo.
Aplicar una perspectiva de normas sociales
Los trabajadores y administradores de la salud, así como los funcionarios públicos en general, se verán sometidos a una presión social generalizada por parte de familiares, amigos, colegas y las personas en el poder para ignorar las reglas y orientaciones oficiales, como está sucediendo en el ejemplo de Noruega, descrito anteriormente. Es probable que estas presiones sean sistemáticas porque están arraigadas en normas sociales: entendimientos compartidos sobre acciones que son apropiadas en la sociedad. Tales normas proporcionan reglas de comportamiento no escritas y, en tiempos de crisis, la función reguladora y la presión para seguirlas pueden agudizarse, anulando no solo las reglas formales, sino incluso las actitudes y creencias personales. La presencia de sanciones sociales para quienes violan estas normas, desde el chisme y la desaprobación hasta el castigo físico, aumenta la presión para conformarse.
Puede haber una variedad de presiones normativas que alimentan la corrupción en el sector salud. Las enfermeras pueden considerar perfectamente legítimo o sentirse presionadas para priorizar el tratamiento para parientes sobre aquellos con afecciones más agudas porque "poner a la familia primero" es una norma esencial. Los médicos pueden buscar aumentar los sobornos en el hospital porque un código interno entre los colegas médicos lo tolera; y quien sea un caso “atípico” puede conllevar a algún tipo de reacción social negativa. También, los funcionarios públicos pueden emitir certificados de salud fraudulentos a los miembros de su red, como un favor, porque la reciprocidad sustenta las relaciones sociales. Asimismo, los líderes políticos pueden asignar ilegalmente más fondos a áreas habitadas por su propio grupo étnico porque la lealtad al grupo es más importante que al estado.
Cuanto más influyen estas normas sociales negativas, más se cristalizan como puntos de referencia alternativos a la regla formal, amenazando con subvertir la administración y el tratamiento de la pandemia de acuerdo con la ciencia y la necesidad. Esta 'trampa' también dificulta los intentos de fortalecer la integridad en el sector de la salud: la emisión de nuevas regulaciones, códigos de conducta o pautas en torno a la integridad puede tener poca incidencia en el comportamiento o puede ser superada por el funcionamiento continuo de las ‘normas no oficiales’.
Los profesionales que buscan garantizar y fomentar la integridad en el sector salud requieren un conocimiento profundo de las fuerzas sociales que perpetúan las prácticas corruptas. Además, las iniciativas convencionales para la gobernanza de la salud deben complementarse con estrategias de normas sociales, cuyo propósito es aliviar y cambiar las presiones sociales para que otros tipos de intervenciones - como códigos de conducta, aumentos salariales, reforma legal, cumplimiento y supervisión de la sociedad civil - puedan ser eficaces. Estas intervenciones deberán desarrollarse según las características de cada caso y los respectivos puntos de entrada.
Tales estrategias hacen uso de métodos como:
- Encontrar personas o mecanismos para coordinar el comportamiento de modo que las normas se reinterpreten colectivamente, por ejemplo, a través de los creadores de tendencias que son "los primeros en moverse" y liberarse de las normas establecidas, de una manera que puede inspirar y movilizar a otros a seguir su ejemplo.
- Construir espacios sociales para la negociación de normas, proporcionando una infraestructura para el diálogo normativo en el sector salud, por ejemplo, a través de portales en línea o convocatorias de discusiones.
- Construir normas positivas en torno a la integridad que se pueden lograr conectando el estatus social y el prestigio, con la integridad. También es importante apoyar a los líderes en la cima de las jerarquías que estén dispuestos a iniciar un cambio de normas en el sistema; por ejemplo, una eliminación de las normas jerárquicas que inducen a la corrupción y una cascada de normas pro integridad.
- Las normas negativas pueden resultar de una idea exagerada de cuántos compañeros de trabajo están involucrados en actos corruptos. Esto es lo que los psicólogos sociales llaman "ignorancia pluralista ”. Abordar esta ignorancia colectiva requiere proporcionar información creíble y remodelar las percepciones sobre cuánta corrupción se tolera dentro de una organización. En este sentido, recopilar y difundir información acerca de cuánta corrupción ocurre realmente en las organizaciones afines, puede ser una forma de superar la ignorancia pluralista.
Resumen de las acciones para los actores de la cooperación al desarrollo
La pandemia del SARS-CoV-2 requiere una acción urgente por parte de todos los involucrados en la respuesta sanitaria a nivel nacional y mundial. Lo que sí sabemos de las epidemias anteriores y las crisis globales, es que proporcionan un entorno perfecto para que florezca la corrupción y que esto garantiza más pérdidas de vidas, una depreciación de la confianza pública y una disfunción en la sociedad que persiste mucho más tiempo que la crisis misma. En este momento, la protección contra la corrupción se debe priorizar a la par que la respuesta sanitaria. Al mismo tiempo, es importante evitar reformas prematuras o mal pensadas que pueden dañar más que beneficiar, como saturar la capacidad de una sociedad para absorber la ayuda y ponerla en práctica.
Como se mencionó anteriormente, los sistemas de salud de muchos países de bajos ingresos sufren de deficiencias sistémicas que podrían dificultar una respuesta eficaz al COVID-19. Sin embargo, la experiencia de las crisis del VIH / SIDA y el Ébola muestra que los desafíos no son insuperables. Los socios para el desarrollo deben asegurarse de que la ayuda al desarrollo no se utilice indebidamente ni se malverse. Pueden hacerlo asegurando la transparencia en las adquisiciones, implementando la supervisión de la sociedad civil sobre los desembolsos de las subvenciones y la prestación de servicios, y fomentando las normas de integridad en la fuerza laboral sanitaria.
La crisis también brinda una oportunidad para fortalecer el liderazgo y la gobernanza en el sector, deshacerse de los trabajadores fantasma y mejorar los salarios y beneficios para los trabajadores de la salud. La crisis de COVID-19 ha demostrado que la transparencia debe fortalecerse en todo el sector médico privado (dispositivos médicos, productos farmacéuticos, ciencias biológicas, suministros médicos, ensayos de medicamentos, etc.), para garantizar que la obtención de ganancias no anule el interés público.
La pandemia también es un recordatorio de que la comunidad mundial y los gobiernos deben realizar suficientes inversiones en sistemas de gestión farmacéutica (almacenamiento y distribución). Este es un buen momento para fortalecer el departamento de productos médicos de calidad subestándar y falsificados de la OMS y los esfuerzos en curso para abordar la corrupción farmacéutica, como la iniciativa de Buena gobernanza del sector farmacéutico.
A medida que los gobiernos de todo el mundo aprueban leyes de emergencia para hacer frente a la crisis, deben priorizar la protección del interés público disuadiendo a quienes buscan aprovecharse de las crisis mediante el fraude y la corrupción. Por ejemplo, la legislación podría permitir una revisión retrospectiva de las adquisiciones y otras decisiones oficiales tomadas durante la crisis por un organismo especialmente establecido, con personal de renombre. Esto también permitiría a los países aprender lecciones antes de la próxima pandemia, como probablemente ocurrirá.
Para obtener más información, consulte la página temática de U4 sobre esfuerzos anticorrupción en el sector salud.
Próximamente, de U4 en abril / principios de mayo de 2020 también habrá una guía completa actualizada sobre la lucha contra la corrupción en el sector salud.